La sesión secreta sobre Berríos del 17 de junio de 1993 culminó en incidente político

La sesión secreta del 17 de junio de 1993 sobre el caso Berríos culminó en un incidente político cuando el entonces vicepresidente de la República y senador Gonzalo Aguirre reveló que el presidente Luis Alberto Lacalle cambió de posición y decidió no relevar al ministro de Defensa Mariano Brito, al no contar con el respaldo de algunos líderes políticos que no fueron identificados.

Transcurría el mes de junio de 1993. A través de un anónimo, el día 6, el país se desayunaba que un agente chileno había ingresado ilegalmente al Uruguay y que militares uruguayos y chilenos habían colaborado con su protección y/o secuestro, entre 1991 y 1992. El escándalo en la comisaría de Parque del Plata, del 15 de noviembre de 1992 ­adonde Eugenio Berríos concurrió a denunciar su secuestro- ventilado casi siete meses después de ocurrido, destapó gravísimas responsabilidades funcionales de los jerarcas políticos y militares de la época. Hubo destituciones, por un lado, del jefe de Policía de Canelones, coronel (r) Rivas, el relevo del jefe de Inteligencia, general Mario Aguerrondo, y sanciones para el teniente coronel Tomás Casella y el capitán Eduardo Radaelli, quienes aparecían en escena, ambos estrechamente involucrados con la estancia de Berríos en Uruguay. Ambos, junto con el coronel Wellington Sarli, fueron extraditados a Chile para ser investigados por asociación ilícita y el secuestro de Berríos. Además, se activó de oficio una investigación judicial en el juzgado de Pando, que culminó este año, y otra en la órbita de la justicia militar. También el Parlamento impulsó una investigación a través de numerosas sesiones secretas. Después de trece años, el lunes, a pedido del herrerista Luis Alberto Heber, el Senado resolvió dar a publicidad las actuaciones parlamentarias que habían sido robadas, en dos oportunidades.

LA REPUBLICA tuvo acceso a la copia de la sesión secreta del 17 de junio de 1993, que fue recuperada por funcionarios del Palacio Legislativo. En ese momento, nada se sabía sobre la suerte corrida por el ex agente de Pinochet Eugenio Berríos. Su cuerpo sería descubierto recién el 13 de abril de 1995, semienterrado, en la playa de El Pinar, con dos disparos en el cráneo. Además, la identificación de los restos demoró otros dos años, el 29 de abril de 1997, tras las pericias realizadas por el Instituto Técnico Forense.

La sesión de las Comisiones de Constitución y Legislación y de Defensa Nacional del Senado, integradas, se extendió entre las 17.41 horas y las 21.21 horas. Allí comparecieron, además de los miembros de ambos cuerpos, los ministros de entonces de Defensa Mariano Brito, del Interior Juan Andrés Ramírez y de Relaciones Exteriores Sergio Abreu.

Abreu fue quien dio lectura al fax recibido ese mismo día en el Consulado de Uruguay en la ciudad de Milán, con dos cartas, una manuscrita y otra a máquina y una fotografía en la que aparecía quien decía ser Eugenio Berríos, con un diario milanés en la mano de fecha 10 de junio. Un perito calígrafo después comprobó que la escritura y firma se correspondían con la de Berríos.

En la carta, quien decía ser Berríos exculpaba a sus presuntos captores y aportaba supuestas pistas sobre su paradero final.

A lo largo de la sesión, las intervenciones de los legisladores de la época se sucedían, y la tensión iba en aumento. Las preguntas apuntaban primero a determinar la responsabilidad de los mandos militares de la época. El ministro de Defensa reveló que los militares que se retiraron de la comisaría de Parque del Plata fueron Casella y Radaelli y que el comandante en jefe del Ejército Juan Rebollo estuvo al tanto del operativo. Al punto tal que las sanciones aplicadas a ambos datan del mismo 15 de noviembre de 1992 y del 24 de noviembre de ese año, ambas con arresto a rigor de 8 días. Ante una pregunta del senador José Korzeniak, Brito respondió que Rebollo actuó "dentro de los límites de su competencia" y que el general Aguerrondo fue relevado porque "omite la comunicación" de los hechos a su superior que era el ministro de Defensa.

Consultado sobre cual fue el motivo de las sanciones a los militares, el secretario de Estado afirmó que la falta atribuida a Radaelli fue que "entró en actuaciones con un oficial de otra agencia ­en terminología del lenguaje castrense se indica que se trata de la Dirección General de Información de Defensa- sin conocimiento y, por lo tanto, sin consentimiento o autorización de su superior, el comandante en jefe del Ejército".

Más adelante, al responder a una pregunta del entonces senador Jaime Pérez, quien reclamó la renuncia del ministro de Defensa, Brito estimó que era un error sostener que "todo el Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional estaba comprometido en el episodio Berríos".

Ante una pregunta del diputado Alberto Couriel, el senador Gonzalo Aguirre reveló que la determinación de destituir al jefe de Policía de Canelones se adoptó de inmediato, el 6 de junio, al trascender el hecho en la prensa, bajo su responsabilidad como Presidente en ejercicio y "sin conocer la opinión del jefe de Estado", entonces en visita oficial a Gran Bretaña.

A su vez, también reveló que Lacalle "regresó al país el día jueves de la semana anterior -el 10 de junio- con determinada posición respecto a este asunto, y que no es la misma que ha resultado a la luz de los acontecimientos". "Y no lo es porque no podía precipitarse, imprudentemente, a tomar una decisión sin conocer la opinión de todo el espectro político nacional. Este tipo de decisiones donde juega el relacionamiento con la institución militar -con las que tanto problema hemos tenido desde el año 1973 y que, como se ha dicho en sala, aún no han terminado- no se deben adoptar de esa manera", agregó Aguirre.

"En este caso, no hubo un respaldo unánime del cien por ciento del espectro político nacional, y a quien diga lo contrario le estoy dispuesto a dar nombres propios en esta sala, de personas aquí presentes, que me manifestaron que ese tipo de medidas no se respaldaría. Me refiero a prominentes dirigentes políticos nacionales. Si otra hubiera sido la posición, probablemente esas determinaciones se hubieran tomado", afirmó, generando un revuelo en la Comisión ante lo cual Aguirre sostuvo que "el Presidente no va a cesar a ningún ministro porque aquí se diga que lo debe hacer". Hacia el final de la sesión, Brito accedió a dar lectura a la declaración de Casella sobre su relacionamiento con Berríos. Previamente, había aclarado que el oficial del Ejército había recibido "una comunicación de Chile en la que se le avisaba el ingreso al país del señor Berríos" y que "efectivamente lo recibió y estuvieron juntos". La sesión culminó al votarse un cuarto intermedio hasta el jueves 24 de junio.


Extraido de: La republica