Uruguay tiene una ministra de defensa muy particular ademas de ser mujer ya esta viejita y habla como esas abuelitas buenas, entre otras particularidades.

Esta particular ministra fue aye interpelada por el caso Berrios contando con le apoyo de toda la bancada oficialista y los blancos (o sea el 90% de los legisladores)
El diputado interpelante fue el fascista Daniel García Pintos. El Frente Amplio enumeró hechos que evidencian presiones de grupos militares.

La ministra Azucena Berruti dio un discurso que alineó a la totalidad del oficialismo y el Partido Nacional sobre el procedimiento que llevó a cabo el Poder Ejecutivo a la hora de autorizar las extradiciones a Chile de Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli por el caso del químico Eugenio Berríos. Al término de la convocatoria, 82 votos en 89 presentes -sin los siete votos del Partido Colorado- aprobaron una moción en la que consideraban satisfactorias las explicaciones de la jerarca y reconocían que las actuaciones respetaron la independencia de poderes.

El diputado interpelante, el colorado Daniel García Pintos, elaboró una serie de preguntas para indagar las actuales condiciones de los tres militares y cuestionar el accionar del gobierno. Estimó que la Justicia del país trasandino no quiere a Radaelli, Casella y a Sarli para esclarecer específicamente la muerte del químico, cuyo cuerpo fue hallado en Parque del Plata en 1992, sino por otros motivos, como el asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva con la posible utilización de sustancias elaboradas por Berríos.

Berruti respondió a cada pregunta planteada y, desde un comienzo, aclaró que la Cancillería es la secretaría de Estado encargada de hacer cumplir las extradiciones. Reiteró la disposición del Ejecutivo de no intervenir en el dictamen de la Suprema Corte de Justicia "para asegurar la independencia del Poder Judicial" y permitir la extradición de los tres oficiales requeridos en Chile.

Posteriormente, relató los recaudos y las medidas adoptadas desde el gobierno para mantener un constante seguimiento del caso en el país trasandino. El general Manuel Saavedra y el coronel Miguel Fernández, ambos del Ejército, viajaron a Chile el 26 de marzo "como medida prudente" para entrevistarse, a pedido del comandante en jefe de la fuerza, Carlos Díaz, con distintos estudios jurídicos que puedan participar en la defensa de los militares. Ambos mantuvieron contactos con el embajador Carlos Pita, y lo mantuvieron informado. Paralelamente, uno de los agregados militares en ese país, el coronel aviador Luis Alvariza, envía al Ministerio de Defensa Nacional informes diarios sobre el estado de salud y ánimo, de los militares, además de su situación procesal.

La ministra reveló que, si bien el Comando del Ejército cubre los gastos de los militares, las agrupaciones militares, como el Círculo Militar, abrieron una cuenta bancaria para depositarles dinero y ayudar en los gastos que tuvieren antes del dictamen de la Justicia chilena.


COLORADOS Y MILITARES

Tras defender la postura esgrimida por Berruti, el diputado frenteamplista Luis Rosadilla (MPP) mostró una copia impresa de las actas secretas de las sesiones del Senado que trataron el tema en 1993. El legislador denunció que, en ese entonces, el Partido Colorado "tuvo mucha responsabilidad en no prestarle apoyo a Lacalle", presidente en ese entonces, que quería tomar "medidas enérgicas" respecto al homicidio del químico y no contó con el apoyo colorado. "Es muy claro que hubo una presión militar, un cuartelazo, una insubordinación en algún nivel por la que el presidente no pudo llevar adelante todas las acciones", dijo tras asegurar el involucramiento de militares uruguayos en el ingreso de Berríos bajo otro nombre y el posterior ingreso de oficiales chilenos con la intención de asesinarlo.

Al respecto, el diputado nacionalista Javier García (Alianza Nacional) sostuvo que "ningún gobierno está exento de que suceda esto", y que "el Partido Nacional no juega con las instituciones del país".


ESTRATEGIA DE IZQUIERDA CONTUVO AL MPP Y NE

La alocución de la ministra Azucena Berruti fue de tal nivel que, tras sus palabras, la bancada oficialista de diputados decidió pedir un cuarto intermedio para designar a sus oradores. La intervención de Jorge Menéndez (Partido Socialista) y Luis Rosadilla estaba "cantada", ya que el primero, del mismo sector que la jerarca, defendería su intervención, y el segundo haría un discurso sobre las actas secretas del Senado.

Para evitar que todos los sectores hablaran y pudieran originar versiones disímiles en el Frente Amplio sobre las extradiciones, se decidió que sólo los antes nombrados intervinieran. Esto causó la sorpresa y frustración en varios diputados, aunque reconocieron que las palabras de Berruti habían sido "cinco goles contra García Pintos", y no querían ver eso empañado. Pidieron entonces que Rosadilla se expresara en nombre de todos los sectores, lo que así dejó claro el legislador cuando hizo uso de la palabra. Se le pidió, sin embargo, que tuviera "cuidado" cuando se refiriera a la Justicia y al procedimiento de extradición, porque se estaba expresando en nombre de toda la fuerza política.

El Nuevo Espacio, sector interesado en tomar protagonismo en la sesión, debió resignarse al acuerdo. De todos modos, el diputado Gonzalo Mujica pidió una interrupción a García Pintos mientras cerraba su participación, y expresó que en el caso Berríos "hay que investigar hasta el hueso".

NACIONALISTAS EXPLICAN ACTITUD

El inusual hecho político de que la principal fuerza opositora, en este caso el Partido Nacional, votara junto a la bancada del gobierno al final de una interpelación a favor de un ministro no quita el sueño a los blancos. Los nacionalistas quisieron enviar el mensaje de que actúan igual, tanto en el timón del Estado como en el llano, en cuanto al respeto de las acciones judiciales. El diputado Javier García, presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, explicó que la votación no perjudica la imagen de su partido sino que, al revés, es una muestra de "seriedad". Recordó que el Frente Amplio, o algunos de sus sectores, desconocieron un fallo judicial que en 1992 dictó la extradición de tres etarras, lo que derivó en serios incidentes en el Hospital Filtro. Por otra parte, llamó la atención la ausencia de dos de los principales diputados del Partido Colorado: José Amorín (Lista 15) y Washington Abdala (Foro Batllista). Amorín permaneció en sala durante la intervención de su compañero de bancada, Daniel García Pintos, y al mediodía se ausentó para asistir a un compromiso político. De todos modos, no pensaba intervenir, por considerar que no era un tema para él. Fue sustituido por el diputado Gabriel Pais. En tanto, Abdala pidió un día de licencia e ingresó un suplente.


Fuente: Ultimas noticias