Ayer me entere por La republica que el Pepe quien reconoció que "se está camino a la derogación de la Ley de Caducidad", aunque advirtió que "la gente no debe pensar que por la derogación de la ley se llegará a hacer justicia", porque "las leyes no son mágicas, pero prefirió no adelantar su opinión personal sobre el tema. De todas formas, dijo que su posición final "será la que defina el gobierno", donde es mayoritaria la opinión contraria a la derogación.

Dentro del Frente Amplio, ya adelantaron su posición favorable a derogar la ley el Nuevo Espacio, el Partido Comunista, el PVP y los ultras. Fuera de la organización política, el PIT-CNT y el Servicio de Paz y Justicia, y la dirigente nacionalista Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, entre otros, se pronunciaron por una nueva solución jurídica que deje sin efecto la norma.

El Pepe sostuvo que si eventualmente se derogara la ley "después están las decisiones que tienen que tomar los jueces y los jueces toman decisiones con cuestiones comproblables y hay mucha cosa que queda en el terreno de incertidumbre jurídica".

Desde el gobierno, el vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa dijo que "no está en los planes del gobierno derogar la Ley de Caducidad", y recalcó: "lo hemos dicho infinidad de veces".

Pero esto es simplemente una cita la verdadera noticia del dia de hoy es que consultado acerca de las afirmaciones del Pepe, Brovetto (presidente del Frente Amplio y ministro de Educación y Cultura) aseveró que "lo que se decidió plebiscitariamente no se debería anular a nivel parlamentario".

En el mismo sentido, aseguró que sólo un nuevo plebiscito puede evidenciar el sentir popular respecto a la conveniencia de mantener la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado paralelamente a los avances en las investigaciones relativas al destino de los detenidos desaparecidos durante el proceso militar.

Refiriéndose a la actual vigencia de la norma, el ministro reafirmó que en el momento que la misma fue puesta a consideración de la población "dijimos que íbamos a respetar el pronunciamiento popular, aunque no nos gustara.

Lo estamos respetando y lo debemos seguir respetando". En el mismo tono concluyó que "será la población la que decida" el futuro de la ley.

A la vez, indicó que este tema aún no fue incluido en la agenda de la mesa política del Frente Amplio.

En tanto, a nivel parlamentario, mientras el diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía sentenció que la Ley de Caducidad no debe derogarse y que "también en esto apoyamos al Presidente (Tabaré Vázquez)" al recordar que él mismo lo prometió el 1º de marzo de 2005 en la escalinata del Palacio Legislativo, su compañero de bancada el diputado Jorge Orrico, acusó a Sangijuela (Julio María Sanguinetti) de "actuar de mala fe" cuando en ejercicio de la presidencia le dio ­según entiende- una interpretación incorrecta a la Ley de Caducidad, "y lo hizo a conciencia y no sé por qué".

El legislador asambleísta manifestó que en Uruguay no existe una fórmula jurídica que habilite una derogación de una ley y que "debería tener un viso muy importante para anularla".

"Tanto Sanguinetti como el ex presidente Lacalle interpretaron equívocamente la ley, concediéndole al término `la lógica de los hechos´ incluido en la redacción de la Ley, el más amplio de los conceptos" aseguró Orrico, agregando que fundamentalmente el ex mandatario Julio María Sanguinetti "actuó de mala fe al interpretar la Ley de Caducidad dándole un alcance que ésta no posee".
Para el diputado de Asamblea Uruguay la Ley de Caducidad no debe quedar sin efecto "y si se deroga tendrá un efecto meramente simbólico porque ya está incluida en el ordenamiento jurídico, en la medida en que sus efectos ya tuvieron lugar y no son susceptibles de hacerlos retroceder" aunque subrayó que los raptos de menores y los crímenes cometidos fuera del país "nunca debieron estar incluidos en la normativa" y sus responsables ser juzgados.

Fuente: La republica