AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

Índice AI: MDE 14/031/2006 (Público)
Servicio de Noticias 218/06
18 de agosto de 2006


Irak: Los errores cometidos en el primer juicio ante el Alto Tribunal Penal Iraquí no deben repetirse

El juicio contra Sadam Husein y otras siete personas ante el Alto Tribunal Penal Iraquí fue un proceso plagado de defectos, y será necesario introducir cambios urgentes para garantizar que los juicios celebrados en el futuro ante este tribunal cumplen las exigencias que establecen las normas internacionales para la celebración de juicios justos, según ha declarado Amnistía Internacional hoy 18 de agosto de 2006. En particular, harán falta salvaguardias que garanticen: la independencia judicial del tribunal; la seguridad de representantes letrados, testigos y otras personas relacionadas con el tribunal; los derechos de los acusados y el debido proceso; y que no se impone la pena de muerte a los acusados.
La organización hizo este llamamiento cuando el ex máximo dirigente iraquí iba a ser juzgado por segunda vez, junto a otros seis individuos, en relación con los homicidios y las "desapariciones" generalizadas de miembros de la minoría kurda iraquí en 1988, como parte de la denominada Campaña Anfal. Al igual que el primero, este juicio, inaugurado el 21 de agosto, se está celebrando en la fortificada "zona verde" de Bagdad debido a que los índices de violencia e inseguridad en Irak siguen siendo elevados.

En el primer juicio, iniciado el 19 de octubre de 2005 y concluido el 27 de julio de 2006, se sometieron a consideración las acusaciones según las cuales Sadam Husein y siete coacusados fueron responsables de la muerte de 148 personas en el pueblo de Al Dujail, de población mayoritariamente chií, en 1982. Está previsto que se haga pública la sentencia el 16 de octubre de 2006, después de lo cual se espera que comience el proceso de apelación. En caso de que Sadam Husein o algún otro acusado sea declarado culpable, lo más probable es que le sea impuesta la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena capital en todos los casos.

El juicio sobre la masacre de Al Dujail tendría que haber sido una gran contribución al establecimiento de la verdad y a la protección de la obligación de rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas de manera generalizada durante el régimen de Sadam Husein. Pero en la práctica adoleció de graves defectos que ponen en entredicho la capacidad del tribunal, tal como está constituido actualmente, para administrar justicia con imparcialidad y de conformidad con las normas internacionales. Dada la trascendencia del juicio, las nuevas autoridades iraquíes tendrían que haber puesto todo el empeño, con la ayuda de la comunidad internacional, en que el juicio fuera imparcial y se viera que era imparcial, puesto que Sadam Husein y los otros siete acusados, como cualquier persona, tienen el derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías y a obtener justicia. El esfuerzo era necesario en aras de hacer justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y para sentar un precedente necesario cara al futuro.

Después de más de 30 años de gobierno de Sadam Husein, en los que el derecho a un juicio justo se conculcaba por sistema, este primer proceso representaba, para las nuevas autoridades de Irak, la oportunidad de pasar página en la historia y afianzar nuevas normas para el futuro, que estuvieran en consonancia con las obligaciones contraídas por el gobierno de Irak en virtud de las normas y tratados internacionales de derechos humanos.

A pesar de que Amnistía Internacional expresó su preocupación por el Estatuto que establece el Tribunal Especial para Irak (véase Índice AI: MDE14/007/2005) y solicitó su modificación para que incluyera garantías de imparcialidad procesal antes de que diera comienzo el juicio sobre los sucesos de Al Dujail en octubre de 2005, muchos de sus motivos de preocupación no fueron abordados. El propio juicio adoleció de infracciones graves de las normas internacionales de imparcialidad desde el momento de la detención de Sadam Husein y sus coacusados hasta el final de las sesiones, lo que incluyó:

No aplicación de medidas de seguridad efectivas

A menudo corrieron peligro la seguridad e integridad de todas las partes relacionadas con el tribunal, y el problema todavía no se ha resuelto. Al abogado defensor Sa’dun al-Janabi lo mataron en octubre de 2005, en la primera semana del juicio, y a otros dos letrados defensores, ‘Adil al-Zubeidi y Khamis al-Ubeidi, los mataron en noviembre de 2005 y junio de 2006, respectivamente. Los informes recibidos indican que varios abogados han recibido amenazas anónimas.

El tribunal tampoco adoptó las medidas necesarias para proteger a otras personas relacionadas con la causa, incluidos testigos. Es imprescindible que se tomen medidas para facilitar la participación de testigos y sus representantes garantizando su seguridad y la de sus familiares frente a posibles actos de intimidación o represalia, y que no sufren molestias o intromisiones ilegítimas en su intimidad antes, durante y después del todo procedimiento judicial, administrativo o de otra índole que perjudiquen los intereses de los testigos.

Falta de garantías sobre la independencia e imparcialidad de los jueces

Un juicio con las debidas garantías exige unos jueces independientes e imparciales. Sin embargo, en el proceso sobre los hechos de Al Dujail, el primer juez presidente, Rizgar Muhammad Amin, dimitió a los cuatro meses de comenzar el juicio quejándose de que había recibido presiones de autoridades del gobierno para que adoptase un planteamiento más contundente en el tratamiento de los acusados en el juicio. El juez Sayeed al-Hamashi, inicialmente designado para reemplazarlo, fue declarado no apto mediante la intervención de la Comisión de Desbaasificación, establecida para retirar a ex miembros del Partido Baás de los cargos públicos. La imparcialidad del juez Ra'uf Rashid ’Abdul Rahman, quien presidió las etapas posteriores del juicio, fue impugnada por los acusados basándose en que se había opuesto al gobierno de Sadam Husein y en que es originario de Halabja, donde millares de kurdos iraquíes perdieron la vida en un ataque con gas perpetrado por las fuerzas de Sadam en 1988.

Incumplimiento de derechos básicos de las personas acusadas antes y durante los procedimientos

Aunque Sadam Husein fue detenido en diciembre de 2003, no tuvo acceso a sus abogados hasta el 16 de diciembre de 2004. De hecho, en varias ocasiones -una de ellas cuando se presentaban las conclusiones finales-, el tribunal impuso una representación letrada que los acusados habían rechazado, a pesar de que la ley garantiza a las personas acusadas el derecho a un abogado de su elección. En ciertos casos, los abogados elegidos por los acusados fueron rechazados por el tribunal o decidieron boicotear los procedimientos judiciales, acusando al tribunal de ignorar sus peticiones. El tribunal resolvió entonces nombrar abogados de oficio para representar a los acusados en sustitución de aquellos. Sadam Husein y varios coacusados se negaron a colaborar con los nuevos letrados y solicitaron un juicio sin abogados.

Por otra parte, el tribunal parece no haber investigado debidamente las denuncias de tortura y malos tratos formuladas por los acusados. Por ejemplo, el 13 de marzo de 2006, Taha Yassin Ramadhan, ex vicepresidente de Irak, denunció que había sido golpeado y sometido a privación del sueño, temperaturas extremas y posturas forzadas durante el interrogatorio que sucedió a su detención en agosto de 2003; pero no hay noticia de que el tribunal haya ordenado una investigación. Si se ha llevado a cabo, sus conclusiones no se han dado a conocer.

A lo largo de todo el proceso, surgieron graves motivos de preocupación en cuanto a la capacidad de la defensa para recibir y examinar pruebas presentadas por la acusación al tribunal. El equipo de la defensa reclamó en repetidas ocasiones que la acusación presentaba pruebas al tribunal que no se habían dado a conocer con anterioridad a los acusados, lo que les impedía preparar debidamente su defensa.


Posibilidad de imposición de la pena de muerte

Desde el primer momento, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que este tribunal esté facultado para imponer la pena de muerte y porque el Estatuto del tribunal no contiene las garantías imprescindibles para evitar la posibilidad de que se condene a muerte a una persona. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en toda circunstancia, considera que vulnera el derecho a la vida y que constituye un castigo cruel, inhumano y degradante en grado máximo. La imposición de la pena capital en un juicio que no ha reunido las garantías procesales que exigen las normas internacionales no hace sino agravar esa preocupación.

Es fundamental que las deficiencias observadas en el juicio de Al Dujail no se repitan cuando el tribunal vuelva a reunirse para ver la causa sobre la Campaña Anfal, cuya magnitud y complejidad excede la del primer juicio, así como otras causas en el futuro. Un proceso manifiestamente injusto o deficiente que ponga el proceso en entredicho, menoscabando así su credibilidad ante las generaciones venideras, no puede servir al interés de la justicia. Las autoridades iraquíes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar:


La independencia e imparcialidad del tribunal, lo que incluye tomar medidas dirigidas a la participación de jueces internacionales y a reforzar el papel de asesores y observadores internacionales de procedencia diversa que han demostrado experiencia y conocimientos en juicios sobre delitos cometidos en virtud del derecho internacional. Esta participación internacional podría ayudar a garantizar que los jueces son -y se ve que lo son-2 independientes e imparciales, y a compensar toda carencia del tribunal en relación con delitos cometidos en su jurisdicción.
La seguridad de todas las personas relacionadas con el tribunal, incluidos jueces y letrados de la acusación y la defensa, testigos, funcionarios judiciales y otros. El juez encargado de presidir el tribunal deberá emplear sus buenos oficios en conseguir que los funcionarios y letrados que participan en esta y otras causas futuras dispongan de medidas de protección adecuadas, basándose en consultas con estas personas -incluidos abogados defensores- sobre sus necesidades concretas, y en garantizar la protección adecuada de los testigos. Si las condiciones de seguridad continúan degenerando y sigue sin ser posible la adopción de medidas de seguridad efectivas para proteger a todas las personas relacionadas, las autoridades iraquíes deberán considerar la posibilidad de trasladar la sede del tribunal a un lugar más seguro, en otro país, al menos con carácter provisional, a fin de garantizar la celebración de procesos conformes a las normas internacionales para la celebración de juicios justos.
Amnistía Internacional ha documentado extensamente las violaciones de derechos humanos generalizadas y manifiestas cometidas bajo el mandato de Sadam Husein, y ha pedido a la comunidad internacional que actúe en reiteradas ocasiones. Asimismo, la organización consideró motivo de satisfacción la detención y puesta bajo custodia de Sadam Husein y solicitó que fuera sometido a juicio.

Es fundamental que se juzgue a los presuntos autores de abusos y crímenes cometidos en el pasado. Igualmente importante es que, a la hora de llevarlos ante un tribunal y procurar justicia a las víctimas y sus familiares, las leyes y normas de derechos humanos se respeten y se vea que se respetan