En Argentina, la desaparición de Jorge Julio López hace ya 12 días que fueron de intensa de búsqueda sin resultados.
Se ofrecieron 200.000 argentinos de recompensa pero igual no aparecio y hasta altura ya es medio obvio que es fiambre y el caso ha tenido grandes repercusiones...


Por el caso López, Solá prepara más cambios en la Bonaerense

Rodolfo Lara LA PLATA. CORRESPONSAL de Clarin

Presentó un proyecto para prorrogar la emergencia policial y así habilitar el alejamiento de efectivos. Ya cesantearon a seis policías que actuaron en la comisaría donde estuvo detenido el albañil, en los años 70.

Condicionado por denuncias de organismos de derechos humanos que conectan el presunto secuestro de Jorge Julio López —un testigo clave en el juicio a Miguel Etchecolatz— con vestigios de la represión ilegal (1976-1983) que todavía funcionarían en la Policía bonaerense, el gobernador Felipe Solá decidió prorrogar el estado de emergencia en la fuerza para habilitar el alejamiento compulsivo de efectivos y hacer nuevos ajustes en la Bonaerense.


La emergencia tiene vigencia desde 2004 y, hasta ahora, fue utilizada para eliminar nichos de corrupción, de gatillo fácil u otros delitos. La presión política del caso López determina la nueva prórroga por un año.


El proyecto ingresó a la Legislatura bonaerense y las bancadas opositoras, que cuestionaban el estado de emergencia permanente, tendrán un apoyo crítico a la medida. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad que conduce León Arslanián pasó a retiro o puso en disponibilidad a 36 agentes por la presunción de haber estado vinculados en sus tareas con los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia. Seis de ellos prestaban servicios en la comisaría 5ta. de La Plata en los años 70, lugar en el que estuvo detenido y donde fue torturado el albañil López en 1976, tras el golpe militar.


Como no existen evidencias de la comisión de delitos, la resolución no pudo avanzar en la cesantía directa. La disponibilidad permite reasignar funciones y destinos a todo el personal. También, determinar la prescindibilidad, la jubilación o el pase a retiro. Involucra a 49.510 efectivos, el mayor componente de seguridad de todo el país. Y el más sospechado. Las sucesivas purgas desde 1997 —después del asesinato del reportero José Luis Cabezas— descabezaron los cuadros jerárquicos más antiguos.


Desde entonces, fueron cesanteados, retirados y exonerados 3.000 suboficiales y oficiales. El actual ministro León Carlos Arslanián firmó el alejamiento de 2.060 en casi tres años de gestión. "Es improbable la permanencia en la fuerza de policías que hayan participado activamente en la represión ilegal", mencionó una fuente del Gobierno. No obstante, fue el propio gobernador Solá quien admitió esa posibilidad en conferencia de prensa. Es una especulación que también sostienen las entidades de derechos humanos a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.


Consideran que los cuadros policiales intermedios que participaron de la represión ilegal quedarían expuestos en los próximos juicios. Y con la presunta desaparición de López quieren enviar un mensaje intimidatorio a los demás testigos. ¿Cuántos están en actividad? El Ministerio de Seguridad bonaerense no tiene precisiones. Si hubiera constancia, ¿por qué permanecieron en servicio hasta ahora?


Solá no descartó "ni la mejor ni la peor de las hipótesis" en el caso López. Hoy se cumplen 12 días de su desaparición. Por primera vez, aparece un dato sobre sus primeros pasos. Su esposa y uno de los hijos lo vieron el domingo a la noche. En la madrugada del lunes abandonó su casa de Los Hornos, en La Plata, sin dejar rastro. Tres personas aseguran por estas horas que el anciano estuvo en el vecindario a las 9 del lunes. "Los testimonios dicen haberlo visto hasta tres horas después de haberse ido de su casa, en el barrio, caminando. Incluso una persona lo alcanzó caminando, porque caminaba más rápido, e intercambió palabras con él", explicó anoche Solá en declaraciones al programa de cable Swing 2006.


Esto no garantiza un extravío temporal: sin medicamentos para la presión y el Parkinson, ni provisión de ropa y con un ejército de policías en su búsqueda resultaría insostenible que esté ambulando por la zona. Su hijo Gustavo no descarta que algún conocido lo tenga al cuidado.


El presidente del jurado, Carlos Rozanski, recibió una carta con amenazas de muerte por este fallo. Otros magistrados de Santa Fe, Tucumán y de Bahía Blanca (Buenos Aires) también fueron amenazados por su participación en causas contra represores.


Tras el secuestro de una persona, para las condiciones de incertidumbre apenas alcanza con un par de llamados telefónicos y algunas cartas amenazadoras.