En la decada del 70 quien o hubiera imaginado pero aqui va esta foto que nos da tanto placer...



Pero buena todavia sigue el proceso y sus abogados apelaron como era requete previsible

Extracto de noticia de La republica

Según los abogados apelantes, la decisión del juez Timbal "más que demostrar, oculta los fundamentos de derecho por los cuales se dirige al defendido la imputación de haber determinado de un modo decisivo la muerte de cuatro personas". Tampoco se menciona "ni un solo" hecho en que haya participado directamente Bordaberry.

"Para procesar se requiere que haya elementos de convicción suficientes. Repetimos, suficientes. No los hay. No hay media prueba, ni cuarta, ni décima, ni nada. Todo lo contrario. Los indicios señalados como tales no son siquiera eso, porque existe prueba en contrario", argumentan los juristas.

"No hay en la sentencia, ni en el petitorio fiscal, indicación de acto alguno, de parte del defendido, que hubiera servido como llave de apertura determinante para que el Sr. Paqui Forese (señalado como uno de los autores materiales) y sus compinches decidieran llevarse las pertenencias de las cuatro víctimas y cometer los cuatro homicidios", dice la apelación en otro de sus pasajes.

Chaves Hontou y Viana Martorell consideran que el fallo de Timbal es "endeble por su argumentación", y agregan que existe "falta de rigor jurídico y las múltiples inconsistencias en el análisis de las resultancias de autos llaman la atención".

Por otra parte, y del mismo modo que lo hizo Pedro Bordaberry la semana pasada, el escrito cuestiona el momento en que tiene lugar el procesamiento y su "contexto sociopolítico": "Jamás hubo tantas y tan variadas presiones sobre la Justicia para que el Sr. Bordaberry fuera procesado", cuestionan los abogados, y remarcan: "Desde las manifestaciones callejeras hasta los artículos periodísticos con tono de pronóstico, sin olvidar las apariciones televisivas de los abogados de los denunciantes anunciando que Bordaberry sería procesado".

Además, los juristas señalan que tomando en cuenta que el ex presidente de facto fue derrocado por las fuerzas militares al poco tiempo de los crímenes, "no parece ser una persona con el dominio suficiente de los hechos como para ser coautor de cuatro homicidios muy especialmente agravados fuera del país".

Acerca de la prescripción de los delitos, la defensa del ex dictador es contundente al considerar: "el delito no sólo está prescripto de acuerdo a la legislación uruguaya, sino, también, con sujeción a la legislación argentina".


"Evidencia descartada"

Más adelante, los juristas detallan varios hechos que, según su consideración, conforman la "evidencia en la que se basa el Juzgado, sin olvidar la que se ha descartado, que determina claramente la inocencia del defendido".

En primer término, se cuestiona al juez porque no "le prestó atención" a la declaración del ex senador nacionalista Alberto Zumarán, quien dijo, según unos volantes anónimos, que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz habrían sido decididos en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), "en la que el Sr. Bordaberry habría votado en contra".

Luego, se critica la no citación a declarar del coronel (r) Pedro Mato, sobre quien se sostiene que cabe la posibilidad de que fuera uno de los autores materiales en los asesinatos. Según la apelación, Timbal desestimó la declaración del militar, que había sido solicitada por la defensa del ex dictador el pasado 29 de setiembre, aunque luego aceptó la comparecencia del secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández.

Otro de los aspectos mencionados es la reunión mantenida entre el doctor Raúl Alfonsín (que luego, en 1983 fue electo presidente de Argentina) y el entonces ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, donde éste habría manifestado que tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz eran tupamaros, "información que se supone provenía del gobierno uruguayo", versión que no es considerada por los juristas defensores de Bordaberry, en base a la propia declaración del ex presidente argentino: "No me exhibió documento alguno con el escudo uruguayo". Los abogados plantean además si esa información no podría provenir de otros ámbitos: "¿No podría provenir del gobierno argentino?, ¿no podría tratarse de la Justicia Penal y no del gobierno? Respecto a la coordinación ("Plan Cóndor") existente entre ambos gobiernos para consumar los asesinatos, cosa también señalada por el magistrado en el auto de procesamiento, los defensores de Bordaberry señalan que según una lista elaborada por la Justicia argentina en la que se menciona a las personas representantes de los diferentes países que realizaron la coordinación y "ninguna de ellas es el Sr. Bordaberry. Pone a la cabeza (la Justicia argentina) del mismo al entonces comandante en jefe, Gral. Vadora". Los abogados Chaves Hontou y Viana Martorell también hacen hincapié en la inclusión dentro de la Ley de Caducidad, llevada a cabo por ex presidente Julio María Sanguinetti, quien no atribuyó responsabilidades y que la inclusión del caso era de forma condicional, lo cual, los abogados entienden que fue ignorado. En otro pasaje del escrito, se hace referencia a la actuación de la Cancillería, que ese momento encabezaba el otro procesado, Juan Carlos Blanco. Sobre este aspecto y la participación del cuerpo diplomático informando sobre las actividades que realizaban personas que residían fuera del país -tal como lo denunció el historiador Oscar Destouet al desclasificar documentos de la Cancillería-, la defensa del ex dictador sostiene que esa función "no puede interpretarse como un indicio de que se asesinó a cuatro personas y menos de fundamento de un procesamiento muy especialmente agravado".

Ya sobre el final del escrito, los abogados sostienen: "Una oportunidad de hacer justicia que el Juzgado ha desaprovechado en forma tan cruenta como infundada, es precisamente la de no enjuiciar a personas inocentes de esos crímenes".